El Gobierno invita a los inmigrantes que hayan perdido su empleo a regresar voluntariamente a su país. Les subvenciona el viaje y les facilita en todo lo posible el retorno a su patria. Pero, ¿sólo voluntariamente? En los últimos días he presenciado personalmente más de un “control rutinario de documentación” por parte de la Policía Local en estaciones de metro, tren autobuses y demás lugares públicos. Asimismo numerosas asociaciones como el Defensor del Pueblo y La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España han puesto el grito en el cielo denunciando redadas sistemáticas y abusivas en la detención e identificación de ciudadanos extranjeros.
El Ministerio del Interior- en un principio- negó que hayan aumentando el número de controles. Sin embargo, se hizo pública una circular de la Comisaría General de Extranjería que dejó en evidencia al mencionado Ministerio- el cual, acabó reconociendo que "la redacción confusa y la mezcla de varios conceptos dentro del comunicado pueden favorecer la práctica de detenciones masivas de extranjeros”-, abriendo un intenso debate sobre la política inmigratoria en nuestro país.
En la misiva se encomendaba a la Policía a “imponer a los extranjeros que se hallen en España dos obligaciones: una, la de acreditar su identidad; otra, la de acreditar que se hallen legalmente. Posibilita, asimismo, el traslado a la dependencia policial conduciendo al individuo, bien en calidad de detenido, bien a efectos de identificación”. Como si fuera un delincuente por el mero hecho de carecer de documentación. La detención preventiva solo cabe ante hechos ilícitos penales –entre los cuales no se encuentra recogido la estancia irregular- recogida como un hecho ilícito administrativo. Por lo que, en ningún caso, según dicta la ley, está permitida la detención que se están produciendo por estos hechos.
Otro escrito que ha levantado ampollas entre las asociaciones de Inmigrantes ha sido la nota interna de una comisaría de policía de Madrid (Villa de Vallecas, concretamente), en la que se fija un cupo mínimo de arrestos semanales de inmigrantes. Y los resultados hay que alcanzarlos a toda costa: "si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", reza el comunicado. Incluso dan preferencia a unas nacionalidades sobre otras: "Marruecos es prioritario pues la mayoría del traslado se hace por carretera y se documenta bien”. El secretario general del sindicato de Unión Federal de Policías llegó incluso a declarar algo surrelalista en la Cadena SER : “en algunas comisarías dan días libres por hacer esta práctica". O sea, que además incentivan los arrestos.
Rubalcaba- máximo responsable de Interior- anunció recientemente que es posible que haya habido “malentendidos” con respecto a la aplicación de la Ley de Extranjería y que “la prioridad de la Policía es detener ilegales cuando estos inmigrantes están vinculados a la delincuencia". No obstante, poco o nada parece importarles la delincuencia si esa semana no han cumplido el cupo establecido de 35 inmigrantes. En muchos casos no existe ninguna relación entre el detenido con la delincuencia. Y si ese mismo delito lo cometiese un ciudadano español, las consecuencias- en ningún caso- serían las mismas.
La persecución masiva y sistemática de inmigrantes con órdenes provenientes directamente desde las comisarías y el Ministerio convierte esta práctica en una especie de racismo institucional. Cuando el paro es elevado y no se les necesita para cubrir puestos, se les expulsa como a intrusos. Parece que el fascismo más rancio sobrevive al paso de los años.
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