La industria cultural nacional supone un 4,2% del PIB español, aunque bien es cierto que en ese saco se incluyen los ingresos televisivos, radiofónicos, de prensa y revistas. Aún con eso es innegable que el aporte es importante. Con el canon digital (aquél impuesto compensatorio creado en 2002 y cuya recaudación reciben los autores, editores, productores y artistas, en compensación por las copias que se hacen de sus trabajos en el ámbito privado) trató de reducirse el impacto de la piratería haciendo pagar “pre-delictivamente” al consumidor una tasa adicional por un producto que posiblemente no infringía la ley de propiedad intelectual. Aún con esa injusticia del “que paguen todos independientemente del fin o la utilidad que vayan a darle al producto adquirido”, cabe suponer que con ese impuesto todos los ciudadanos disponíamos de una especie de “tarifa plana” para descargar archivos de forma ilimitada.
Lejos de conformarse con eso el gobierno socialista trató sin éxito de aprobar el martes una ley que cerraría páginas webs mediante un comité designado por ellos, sin especificar el procedimiento ni los criterios que seguirían ¿Qué pasaría con las páginas cuyo servidor se alberga en un país remoto?, ¿Se podrían cerrar?
Es cierto que el fracaso se debe exclusivamente a la impopularidad de la ley y al miedo del resto de partidos a perder votos, pero tampoco ayudan las posiciones dictatoriales y oportunistas que últimamente está tomando el PSOE, prohibiendo o restringiendo aquello con lo que no están conformes.
Resulta incierto que esta ley fuese a cumplir con su cometido: acabar con las mal llamadas descargas ilegales (puesto que no está penado por ley compartir archivos de forma no lucrativa). La escasa vida de internet ha demostrado que si esta nueva forma de comunicación tiene capacidad para algo es para reinventarse, para abrir nuevas vías y sistemas de descargas que dificulten su penalización, refugiándose en aquellos vacíos legales que contiene nuestra legislación. Prueba de ello son Napster, Kaaza, Audiogalaxy, Azureus o Megavideo. Cada cual mejorado y más difícil de sancionar. Por ello la legislación debería adaptarse a los nuevos tiempos, no criminalizar al consumidor como se hace en países como Francia y tratar de ofrecer productos legales vía streaming, similares a los que existen de forma gratuita en internet, como el Spotify o el Itunes.
Internet ha supuesto una revolución en todos los aspectos, incluyendo la difusión de la cultura. La distribución tradicional, por medio de intermediarios, ha quedado obsoleta. Ha nacido una forma mucho más barata, rápida y eficaz, capaz de llegar a cualquier parte del planeta sin que el producto final se encarezca. Plataformas como Youtube y Spotify permiten una difusión global e instantánea de los trabajos. Los artistas (exceptuando unos pocos) reciben ingresos principalmente del directo y las promociones; raramente lo hacen de los discos. Son las discográficas, las multinacionales, los sellos y las distribuidoras los que se lucran a través de este negocio que evidentemente dejará de existir pese a que muchos se obstinen en negarlo. También el formato cd se ha quedado obsoleto, como ya lo hicieran las cintas de video y los casstettes, así como lo harán los Dvd’s cuando se extienda el Blu-Ray. Las nuevas plataformas que soporta internet provocará tarde o temprano la desaparición de intermediarios y será el artista el que distribuya y venda su propia música a través de internet, de forma rápida y directa.
El cine es caso aparte. No conozco los datos pero creo que la gente sigue acudiendo a las salas para ver películas, porque el cine te ofrece un producto distinto al que te ofrece internet; a saber, una calidad de imagen y sonido óptimos, una forma de envolverte y meterte en la película que no se consigue en el salón de casa. Reconozco que descargo series (muchas de las cuales nunca llegan a emitirse en España y, por lo tanto, no podría ver; o si lo hacen, es con un pésimo doblaje que quita las ganas de verla a cualquiera) y películas (las cuales, de no ser gratis, jamás las vería; únicamente pagos los 7€ que cuesta el cine para aquellas que tienen una calidad que lo merecen. En cualquier caso, creo que, lejos de los que hacen predicciones apocalípticas y desmesuradas, el cine no llegará a desaparecer como tal puesto que la gente sigue yendo con cierta regularidad.
Por último, lo más preocupante y lo que veo más con mayor dificultad de resolución es el mundo del e-book o libro digital. Los escasos minutos que tarda en descargarse millares de ejemplares, la calidad y la reducción de fatiga ocular que poco a poco van consiguiendo, puede hacer tambalear el mundo editorial tal y como hoy lo concebimos.
La clave está en regular las descargas, nunca en prohibirlas. La adaptación parece la única solución a este acuciante problema. Reinventarse o morir esa es la cuestión.
