Hace apenas unas semanas Gobierno y Sindicatos sacaban pecho y esbozaban una amplia sonrisa en la foto que ponía fin a la escabrosa negociación del supuestamente imprescindible acuerdo sobre las pensiones. Foto en la que, por cierto, no salió retratado ningún representante de los distintos partidos políticos -prácticamente la mayoría- que apoyaron el pacto, presumiblemente por la precipitada gestión del PSOE en las invitaciones. Sí lo hicieron Zapatero y el ministro Valeriano Gómez, los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez; y Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo; el presidente de CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Jesús Terciado.
Decía que las dos partes parecen haber quedado satisfechas con la reforma tras casi un mes de interminables reuniones. Es cierto que no soy un experto en economía pero, según he leído en algunos medios, existen una gran cantidad de alternativas a retrasar la edad de jubilación hasta los 67, teniendo que cotizar un mínimo de 38 años y 6 meses para lograrlo. Parece más una estrategia para lanzar un mensaje de confianza y solvencia a los mercados y a la UE que una solución para garantizar las pensiones en el futuro.
Surgen así algunas preguntas, ¿el problema es que habrá muchos viejos y pocos jóvenes?, ¿reside dicho problema en las pensiones o más bien en el mercado de trabajo?, ¿no deberían fijarse en el porcentaje de población activa e ignorar el número de jubilados?, ¿no estarán metiendo mano las compañías que ofrecen planes de pensiones privados?
Llegados a este punto, parece que lo importante no es cuántos producen, sino cuánto se produce. Hace 50 años se necesitaba mucha población activa para producir los alimentos que ahora se obtienen con poquísima gente. La productividad y las formas de conseguirla han evolucionado. La clave es la riqueza que se genera, no el número de cotizantes. Todo esto da pie a pensar que existen alternativas al conocido como “gran acuerdo social contra la crisis”, que no afectarían a las clases popular y sí a las más pudientes:
1.- Reducir el gasto público e incrementar los impuestos (especialmente los de aquellos que ingresen cantidades más elevadas- más de 120.000 euros anuales- como ya se hace en algunos países como Suecia y Noruega).
2.- Reimplantación del impuesto sobre el patrimonio.
3.- Reducir el despilfarro que supone la economía sumergida.
4.- Descentralizar la propiedad, pues el 10% más rico de la población española acapara el 58% de riqueza.
Así las cosas, siguen saliendo datos de los abultados salarios de los directivos de las grandes empresas y de los bancos, a los cuales se les ha inyectado varios millones de euros para evitar su desplome. Pero, ¿acaso no se basa el liberalismo en la no intervención del estado en la economía?
Parece que sí, siempre y cuando satisfaga sus intereses.
