Una visita que no es de recibo

Falta poco más de una semana para que el Papa Benedicto XVI aterrice en Madrid para celebrar la que será la IV Jornada Mundial de la Juventud en nuestro país. Pese a venir únicamente en visita pastoral, se le recibirá con protocolo de Estado- se reunirá con el Rey y el Presidente del Gobierno-, prácticamente como si de un déspota o un emperador se tratara. Serán apenas cinco días (del 16 al 21 de agosto) pero el despilfarro económico estará a la altura de las circunstancias. Según estimaciones de asociaciones laicas, ateos y agnósticos- lo cuales han puesto el grito en el cielo ante semejante derroche con la que está cayendo- la visita costará a las arcas públicas unos 100 millones de euros. Incluso católicos de base y asociaciones religiosas como Redes Cristianas se han levantado contra lo que consideran un gasto desproporcionado:”así no queremos que vengas”, han dicho. Por su parte, los organizadores creen que el gasto será menos de la mitad y que seguro supondrá un reclamo para millones de jóvenes. Esperan que acudan más de dos millones de personas, acarreando unos beneficios que cifran en 100 millones.

Gran parte de ese dinero saldrá de las arcas del Estado, el cual, según estableció la Constitución hace más de 30 años, es aconfesional. Sin embargo, en los Presupuestos Generales del Estado de 2011 se califica esta visita como un “acontecimiento de excepcional interés público”. Una vez más, La Iglesia demuestra un poder absoluto en nuestro país y la cada vez más cercana campaña electoral impide que los partidos se opongan por miedo a perder votos, con la única excepción de Izquierda Unida, la cual ha denunciado esta subvención estatal con la campaña #MadridsinPapa.

Mientras al gobierno central, los autonómicos y locales no les tiembla el pulso para- a tijeretazo limpio- llevar a cabo recortes sociales en sectores tan imprescindibles como sanidad, ciencia o educación y exigir a los ciudadanos que se aprieten el cinturón; poco o nada parece importatles desembolsar grandes sumas de dinero o autorizar la instalación de 200 confesionarios en el Parque del Retiro, mientras, con la otra mano, prohíbe por la fuerza manifestaciones en plazas públicas para mantener la ciudad “limpia” de indeseados a ojos de Su Santidad.

El resto del dinero invertido en la visita proviene de empresarios que desgravarán hasta un 80% de lo aportado. Unos privilegios que por sí solos hablan de la nula imparcialidad del Estado en asuntos religiosos.

Hace tiempo que en España no es novedad que los poderes civil y religioso vayan de la mano. El Estado laico resulta una quimera en un país donde las imágenes anacrónicas y esperpénticas abundan y donde los políticos toman posesión de sus cargos con la inseparable biblia y el crucifijo (como lo impuso-pues nada dice la ley al respecto- Juan Cotino, Presidente de las Cortes Valencianas en la última toma de posesión de la comunidad o el Rey Juan Carlos durante el juramento de los Ministros y el Presidente del Gobierno). Algo impensable en otros países europeos, como ya advirtiera Sarkozy en una visita años atrás en la que se sorprendió de la notable presencia eclesiástica en las instituciones públicas y en la vida de los ciudadanos.

En definitiva, una visita que pretende acercar a la juventud a una institución que a sus ojos resulta obsoleta, retrógrada, anacrónica, sórdida, machista y homófoba. Y que, sin embargo, parece estar consiguiendo el efecto contrario: distanciarla y enfurecerla. Desde luego, no parece ser el mejor momento para desembolsar esa desorbitada cantidad de dinero y menos siendo éste público. La crisis moral parece más acuciante para el Gobierno que la económica.

Que baje Dios y lo vea.