Terrorismo de Estado,¿quién nos protege?

En una entrevista reciente realizada por el diario EL PAÍS a Felipe González, éste recordó que tuvo la oportunidad de acabar con la-por aquél entonces- cúpula de la banda terrorista ETA. El ex presidente recibió una información en la que se recogía el lugar y el día de la reunión de todos los jefes de la banda en el sur de Francia. “Pero las posibilidades de detenerlos era cero”, asegura, “estaban fuera de nuestros territorios”. Eran otros tiempos y la colaboración entre España y el país galo era escasa. La única opción, por tanto, para acabar con el grupo terrorista, no era democrática ni judicial. Era la misma que la practicada por la banda: volándola con una bomba. “Dije no. Y no sé si hice lo correcto”. Concluye

¿Cómo puede un político, 18 años después, seguir planteándose tal despropósito?, ¿No es condenable que, casi dos décadas después, continúe dudando si se debió acabar con una banda terrorista empleando los mismos medios que se combaten y castigan? ¿Es que el fin justifica los medios por tratarse de un grupo terrorista?, ¿Acaso no perjudicaron lo suficiente a la clase política en general- y al PSOE en particular- las pésimas prácticas llevadas a cabo en el pasado, para seguir barajando su uso?

Lo único evidente es que son varias ya las ocasiones en que la cúpula de la banda ha sido derrocada total o parcialmente y, sin embargo, esta se ha regenerado- con mayor o menor fuerza- y ha seguido actuando, ¿Por qué en aquella ocasión iba a ser distinto?, ¿Se habrían ahorrado tantas muertes de inocentes como dice González o más bien se habrían dado motivos a la banda para continuar su lucha y justificar sus sangrías? Nunca lo sabremos.

Mientras, el presidente más porfiado y terco que he visto gobernar, George W. Bush, asegura en sus recién publicadas memorias que “teníamos a uno de los jefes de Al Qaeda que ordenó el 11-S. Y me dijeron: tiene información. Yo dije, averiguad lo que sabe. Y añadí, ¿las técnicas son legales? Y ellos me dijeron que sí. Así que yo les dí permiso para usarlas". Esas técnicas a las que se refiere son el waterboarding una asfixia simulada que provoca la sensación de ahogo en quien la sufre. El ex presidente norteamericano dice que “el waterboarding es legal porque el abogado me dijo que lo era. Dijo que no estaba violando ningún tratado. Yo no soy abogado, pero usar estas técnicas salvó vidas. Mi trabajo era proteger EEUU y lo hice". No obstante afirma que no estaba al tanto de las demás torturas empleadas contra los presos: “me dieron náuseas cuando ví las noticias”. Si es cierto que desconocía esas vejaciones, debería haber echado al responsable. Aún así, con cierta dosis de incongruencia, le justifica: “decidí no aceptar la dimisión de Rumsfeld porque no había otro mejor que él para el puesto. Y hoy mantengo que fue la mejor elección".

Son dos claros ejemplos de que el Estado de derecho es débil. Así como la democracia y la justicia lo son. Esa debilidad se entiende si, como en estos casos, los políticos quedan impunes ante hechos tan terribles como estos. Asesinar a alguien o el mero hecho de llegar a planteárselo de manera firme son actos funestos e impensables en un país democrático, aún cuando la víctima es un asesino o un terrorista. Hacerlo supondría rebajarse a su mismo nivel.

Pero, si ya desde el primer eslabón la justicia es arbitraria y trata de forma indulgente a los políticos dejando que incumplan las leyes y quedando impunes tras ello, el terrorismo de estado seguirá estando muy presente en nuestras sociedades. En ese caso, ¿quién nos protege?