El que a hierro mata,a hierro muere

La SGAE, fundada en 1941, es una sociedad colectiva con sede en el céntrico palacio de Longoria de Madird que se encarga de gestionar los derechos de la obras de autores y editores- entre los que se incluyen músicos, compositores, dramaturgos, letristas, guionistas de cine, televisión y radio, autores de bandas sonoras, directores de cine, realizadores audiovisuales y un largo etcétera- en nuestro país. Con más de 94.000 afiliados y un total de obras registradas que supera los tres millones, controla y defiende los derechos de sus socios, concede licencias para la grabación de discos o películas y para su posterior comercialización, emisión y difusión en la radio, televisión e Internet.

En 1987 se implanta el canon digital, una tasa que -de manera predelictiva- grava el precio de venta de equipos de grabación (MP3, móviles con reproductor, grabadoras de CD’s y DVD’s, etc), soportes de grabación (CD’s,DVD’s,memorias flash,etc), y cuya recaudación reciben los autores, editores, productores y artistas asociados a la entidad.

El canon que, como ya he dicho antes, es predelictivo, pues ignora la presunción de inocencia ya que grava el precio del producto indistintamente, sea para grabar un CD con las fotos de tu viaje de verano o a guardar tus documentos de trabajo en una memoria flash. Algo que, por cierto, es completamente legal. “Como no sé qué soportes serán utilizados de forma fraudulenta, que paguen todos”, debieron pensar en la entidad gestora. También es arbitrario, al no llevar el control de qué obras musicales son realmente utilizadas al repartir el dinero entre los autores y propietarios de las obras. Esto lo soluciona la SGAE diciendo que el reparto se realiza de forma proporcional a la «importancia» del autor, pudiendo caer en discrepancias y subjetividades que la entidad ignora.

Tampoco se libran de pagar los conciertos benéficos, sin ánimo de lucro. La compañía de teatro Taller Cultural tuvo que pagar 518 euros por interpretar una obra con derechos de autor. Finalmente fueron devueltos gracias a la presión ejercida en foros y blogs de Internet. O David Bisbal, que en 2009 organizó un concierto cuyos beneficios iban destinados al costoso tratamiento de un niño de cinco años que sufría el Sindrome de Alexander, y se vio obligado a pagar el 10% de los beneficios. La evidente impopularidad de la medida entre la opinión pública hizo recapacitar a la entidad, que finalmente devolvió el dinero.

Asimismo hasta 2008 la SGAE gozaba del monopolio en la venta de licencias para descargar música en Internet, motivo por el cual la UE abrió un expediente a la entidad, que se acabaría viendo obligada a eliminar dicho privilegio.

Aún así, continúa obteniendo importantes ingresos de nimiedades tales como la reproducción de música en bodas y bautizos, fiestas particulares, peluquerías y pastelerías, centros comerciales, pequeños comercios, etc.

Sin embargo, la falta de transparencia de las cuentas de la entidad, las sospechas de fraude y, sobre todo, una demanda de 2007 del letrado Josep Jover y la Asociación de Usuarios de Internet quienes argumentaban que el canon digital era abusivo e indiscriminado, provocó que se iniciara una investigación- la llamada Operación Saga- por parte de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción a finales de junio, que acabaría sacando a la luz importantes desviaciones de fondos por parte de altos cargos de la entidad, entre ellos el por aquel entonces presidente, Teddy Bautista.

Acusados asimismo de apropiación indebida falsificación de documentos y desvío de fondos -unos 400 millones de euros que habrían obtenido gracias al canon digital-, la trama acabaría suponiendo la dimisión de Bautista y la convocatoria de nuevas elecciones para suplir la vacante y, quién sabe, si refundar la sociedad. Falta le hace, desde luego, a una desgastada y desprestigiada entidad que vive anclada en el pasado y que no ha sabido adaptarse a la evolución tecnológica y social y que, posiblemente, como dijo recientemente Álvaro Sáenz de Heredia: "La imagen de la SGAE, después de la de los controladores aéreos, es la peor de España"

En cualquier caso, la operación sigue abierta y no es descartable que sigan destapándose nuevos secretos e irregularidades en los próximos meses de investigación. Queda pendiente la celebración del juicio a los cabecillas de la trama y la publicación de los informes que revelen la auténtica gravedad del proceso.